Descarta 'Kiko' conflicto diplomático por detención de militar de EU

El gobernador aseguró que Andrew Tahmooressi, quien se encuentra preso en la Penitenciaría de La Mesa, está muy bien atendido física y espiritualmente; se evalúa su traslado al penal de El Hongo
Andrew Tahmooressi
(Facebook)

Ensenada

La detención de un veterano estadounidense en Tijuana por posesión de armas de fuego no podría generar un conflicto diplomático porque el arresto fue basado en la ley, aseguró el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid.

Aseguró que Andrew Tahmooressi, quien se encuentra preso en la Penitenciaría de La Mesa en Tijuana desde el 1 de abril pasado, está muy bien atendido física y espiritualmente y se mantiene en el área médica mientras se evalúa su posible traslado al penal de El Hongo en Tecate.

"Para nada", dijo el mandatario cuando se le cuestionó si podría haber un conflicto diplomático; "cuando un país está cumpliendo las leyes no debe ocurrir", afirmó, y agregó que prueba de ello es la comunicación permanente con el cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, Andrew Erickson, quien ha constatado las condiciones en las que se encuentra el soldado.

“Yo espero pronto se resuelva esta situación, es una cuestión que tiene que ver con una violación de una ley federal y yo creo que hay que considerar los agravantes de éste y de muchos otros casos. Pero lo que sí les digo es que perfectamente atendido, está comunicado con quien tiene que estar, está recibiendo hasta apoyo espiritual y espero que este asunto se resuelva al a brevedad”, manifestó.

Andrew Tahmooressi argumenta que cruzó a México con armas de manera accidental porque tomó por equivocación los carriles de la garita y cuando quiso rectificar ya no pudo regresar. Además, afirma que cuando agentes de la Aduana mexicana le cuestionaron si tenía algo qué declarar, reportó que llevaba dos armas largas y una corta.

En entrevista exclusiva con Milenio, el ex combatiente en Afganistán aseguró que su plan no era traficar las armas, y por ello declaró su posesión y esperaba que se le ayudara a regresar a Estados Unidos, pero aunque los agentes mexicanos habían aceptado, personal militar decidió ponerlo a disposición del Ministerio Público federal.