Se despide 20 Ayuntamiento con proceso contra ex funcionario en tiempo de Ramos

La titular de la Sindicatura Municipal explicó que Eloy Morales incurrió en falsificación de documentos, utilización de estos documentos para fines personales y existe presunción de fraude

Tijuana

Antes de dejar la administración, la Sindicatura Municipal del 20 Ayuntamiento solicitó interponer una demanda penal en contra de Eloy Morales Vargas, ex director del Fideicomiso Inmobiliario Municipal en la administración de Jorge Ramos Hernández, por la posible comisión de fraude, falsificación y mala utilización de documentos.

Yolanda Enríquez de la Fuente, síndico procuradora saliente, comentó que el expediente contra Eloy Morales se inició alrededor de tres semanas.

Todo inició en el 2009, cuando el Fideicomiso Inmobiliario Municipal coadyuvó en un convenio entre Estado y un particular, dueño de un predio denominado El Aguilón, para que en ese terreno vivieran los desalojados del arroyo Alamar y a través de la paramunicipal, el dueño del predio recibiría el pago por cien lotes.

Para el 2010 la esposa del dueño le reclama al funcionario que nunca recibió algún pago por esto, pero Eloy Morales Vargas le mostró un oficio fechado en diciembre de ese año, donde su esposo lo deslindaba de esta responsabilidad.

Sin embargo, el propietario del predio fue reportado como desaparecido en septiembre de ese año, mes en el que falleció a causa de un accidente vehicular en Ensenada. Por lo que el oficio que presentó Morales Vargas mostraba una firma falsificada.

“También tenemos evidencia de unos pagos que se hacen directamente al ex director, la cuenta banco tiene su nombre y los pagos se hacen a él, la presunción es que fue beneficiado con este oficio por eso hay una presunta responsabilidad para él”

Este funcionario tiene un historial de irregularidades. En noviembre del 2012, el diputado Fausto Zárate interpuso dos denuncias penales en contra de Eloy Morales por haber donado predios municipales con un valor de 14 millones de pesos en el 2010, sin aprobación del Cabildo.

También en el 2005 la Procuraduría de Justicia del Estado inició una averiguación previa en su contra por haber presentado facturas falsas para justificar gastos del orden social durante su gestión como regidor de Tijuana.

Yolanda Enríquez precisó que el proceso por responsabilidades administrativas será heredado al Ayuntamiento entrante y la demanda penal le corresponderá a la Consejería Jurídica.