Advierten sobre demandas “masivas” de base sindical en BC

En los últimos siete meses 110 empleados del ayuntamiento de Ensenada presentaron querellas para obtener plaza; el presidente del Congreso del Estado pide reforma la Ley del Servicio Civil.

Ensenada

Los ayuntamientos de Baja California tendrán que revisar en el 2014 la Ley del Servicio Civil, a fin de regular el procedimiento legal para asignar plazas sindicales.

El secretario general de Burócratas, Ricardo Medina Fierro, advirtió que los municipios corren el riesgo de recibir demandas "masivas" por parte de empleados de confianza que exigirán un puesto público que derive en la jubilación.

Solo en Ensenada, en los últimos seis meses, 110 empleados de confianza presentaron demandas para base sindical.

"Es un tema que estamos en pláticas con el oficial mayor del estado, y no te tememos al tema de entrar a revisar la la ley de Servicio Civil para buscar el mecanismo de que esas bases no esté tan abierto el sistema para que pueda cualquiera demandar después de seis meses. Tenemos que buscar un mecanismo, un reglamento estatal que lleve un procedimiento que no afecte económicamente a los gobiernos", apuntó.

Medina Fierro señaló que hay un problema grave con Issstecali por el número de jubilados, que conforme a la ley, demandan una pensión digna y otras prestaciones.

El presidente del Congreso del Estado, Cuauhtémoc Cardona Benavides, señaló hace unos días que Baja California es el único Estado del país con una Ley de Servicio Civil obsoleta.

"Pero te voy a poner tres temas que me parece que se dejaron de hacer por todo mundo particularmente por el Congreso del Estado, uno no era aprobar una reforma sobre la Ley de Servicio Civil para que la gente de confianza no se basificara por que creo tanto la burocracia sin ningún control y sin ningún control y sin ninguna planeación y sin tener el requerimiento de los servicio municipales que se requerían y estatales. Es la única ley en el país que no está debidamente actualizada y acotada", mencionó el legislador.

El artículo noveno de dicha ley refiere que los empleados de confianza, o trabajadores incluidos en listas de raya, que desempeñen funciones de trabajadores de base por más de seis meses, deberán considerarse su plaza en el presupuesto de egresos.

Este apartado ha generado que cientos de trabajadores contraten abogados particulares para que defiendan su permanencia en el servicio público.